El sociólogo Fabio Erreguerena, viene trabajando sobre los archivos que fueron publicados en abril pasado por el CIN, como parte de la iniciativa “Recuperar la Historia Universitaria”. La mirada precisa en torno a la coordinación universitaria durante las dos últimas dictaduras en Argentina, “significa la posibilidad de abrir nuevas discusiones y conocimientos sobre períodos oscuros”, señala el docente investigador de UNCUYO en conversación con este espacio de la RIDDHH.

El pasado 22 de abril, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó públicamente las actas y dictámenes digitalizados de lo que fuera el Consejo de Rectores en los períodos 1967-1972 y 1977-1983, previos a la creación del actual organismo y cuyo funcionamiento se dio bajo las dos últimas dictaduras que padeció el país.

El trabajo en torno a esos archivos está disponible en el sitio http://rhu.cin.edu.ar, donde se dispone de un buscador avanzado al interior de los documentos y se irá nutriendo con aportes académicos que continúen la tarea de revisión de los organismos de derechos humanos. Asimismo, la plataforma cuenta con análisis de especialistas y representantes del sistema universitario, entre los que se cuenta Fabio Erreguerena, docente investigador de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), de profesión sociólogo, especialista en Promoción y Educación para la Salud y Doctor en Ciencias Sociales.

El acercamiento de Erreguerena al trabajo de los ámbitos de coordinación universitaria se dio “en el marco de mi investigación doctoral, bajo la dirección del Dr. Atilio Borón, cuya conclusión fue la tesis doctoral titulada 'Las relaciones Estado/Universidad en la Argentina. El papel de los rectores y el Consejo Interuniversitario Nacional en la política universitaria (1985-2015)'; y a partir de la cual pude acceder a las actas del Consejo de Rectores del período 1967-1973 y el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, cuya actividad fue durante 1977-1983”, señala.

El investigador indica que “las actas físicas, en papel, estaban en los archivos del CIN, en la ex sede de la calle Pacheco de Melo, en la ciudad de Buenos Aires” y que tras el objeto de su tesis consideró “importante comprender cuál había sido el rol y el peso político de los antecesores”. En este sentido, “digitalizar las actas significa un gran avance en el imprescindible proceso de Memoria, Verdad y Justicia que debe imperar sobre las largas noches de las dictaduras cívico-militares en nuestro país”, dice Erreguerena y agrega que “implica facilitar el acceso al público en general y los investigadores interesados en la temática”, pero sobre todo “significa abrir la posibilidad de nuevas lecturas, interpretaciones, discusiones y conocimiento de aquellos períodos oscuros”.

Ahondando un poco en el trasfondo de su trabajo, Erreguerena piensa que “hay un cierto sentido común que exime o relativiza la responsabilidad de algunos sectores universitarios, especialmente las autoridades principales, en las políticas y acciones de las dictaduras en las cuales ejercieron la conducción de las universidades”. Sin embargo, el análisis de las actas permite determinar que, por un lado, el Consejo de Rectores de 1967-1973 “tuvo atribuciones normativas claves que fueron utilizadas para intervenir en la política universitaria: formular los proyectos de presupuesto de cada universidad, dictar normas administrativas y el escalafón del personal, o fijar las condiciones de admisibilidad, todo ello en el marco de la relevante prerrogativa de 'programar el planeamiento integral de la enseñanza universitaria oficial', tal como lo indica el artículo 77 de la Ley N°17.245”.

Por otro lado, “el Consejo de 1977-1983 no sólo asesoró al Ministerio de Educación, sino que además intervino en la definición e instrumentación de la política universitaria de la Dictadura, en especial en temas centrales como arancelamiento, cierre de carreras, implementación de cupos, homogeneización de contenidos del ingreso y elaboración de fundamentos y articulado de una ley universitaria que se aprobó en 1980”, repasa el investigador.

Asimismo, cabe destacar que “el análisis de las actas, la agenda de trabajo y la correlación entre los temas discutidos y las políticas finalmente llevadas a cabo en el período, nos muestran que ambos consejos constituyeron ámbitos de estrecha cercanía y funcionalidad con sus respectivos regímenes; fueron instrumentos disciplinadores del campo universitario y espacios de confianza política e ideológica donde generar y traccionar políticas desde el gobierno hacia el conglomerado universitario”.

Por ello, sentencia Erreguerena que “lejos de relativizar o eximir, las actas muestran y comprueban una contundente complicidad entre los rectores interventores y todas y cada una de las acciones desarrolladas hacia y desde el campo universitario en estas etapas tan desgraciadas para el país y la humanidad”.

El autor cierra con la convicción de “seguir investigando y profundizando las múltiples líneas que se abren ahora con la digitalización de este material único”.